El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, asistirá este lunes al mediodía a la presentación del recurso ante el tribunal Constitucional en defensa de la Autonomía Local. Se trata de un recurso contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del PP, uno de los dos partidos de derechas español que se han turnado en el poder del Estado desde la reinstauración de la democracia.
Esta presentación está avalada por 2.293 municipios, poco menos de un tercio de la totalidad de ayuntamientos del Reino que representan a un 36 por ciento de la población, es decir a unos 17 millones de los más de 47 millones de habitantes.
El recurso llega al TC después de haber recibido el dictamen favorable del Consejo de Estado, un hecho qiue sucede por primera vez en la historia de la curiosa democracia hispana.
La sede del Tribunal Constitucional recibirá el lunes de manos de los representantes locales, las ochenta cajas que contienen los acuerdos alcanzados en los plenos de estos ayuntamientos y que forman parte de la base doumental del recurso de anticonstitucionalidad contra la reforma local.
La Ley conservadora limita los exagerados sueldos de alcaldes y concejales
(Redacción) Un aspecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local presentada por el partido de derechas gobernante, que inquieta realmente a la casta política*, es la limitación de sueldos de alcaldes y concejales delegados y la eliminación del resto, que solo van a descansar una vez al mes a los plenos.
En España, el país con más políticos por habitantes en el mundo y con los sueldos de cargos más altos respecto a la media, también del mundo, un alcalde, como por ejemplo el de Terrassa gana más que el presidente de la Generalitat o que el del Gobierno y un concejal delegado, también de Terrassa, gana más que cualquier ministro de Estado que se precie.
Naturalmente no hay político en este país que esté en capacidad de reconocer que sus emolumentos son demasiado altos ni menos a admitir que lo que alegan en el recurso respecto a la autonomía, inversiones sociales, etc por muchas y justan razones que lo avalen, no es más que un pretexto para defender sus injustas prebendas.
*Nota de la Redacción: El término casta política que utiliza alegremente Pablo Iglesias, líder del movimiento Podemos, presuntamente financiado por la dictadura venezolana, fue acuñado en 2002 por nuestra antigua web notimundo.es
Esta presentación está avalada por 2.293 municipios, poco menos de un tercio de la totalidad de ayuntamientos del Reino que representan a un 36 por ciento de la población, es decir a unos 17 millones de los más de 47 millones de habitantes.
El recurso llega al TC después de haber recibido el dictamen favorable del Consejo de Estado, un hecho qiue sucede por primera vez en la historia de la curiosa democracia hispana.
La sede del Tribunal Constitucional recibirá el lunes de manos de los representantes locales, las ochenta cajas que contienen los acuerdos alcanzados en los plenos de estos ayuntamientos y que forman parte de la base doumental del recurso de anticonstitucionalidad contra la reforma local.
La Ley conservadora limita los exagerados sueldos de alcaldes y concejales
(Redacción) Un aspecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local presentada por el partido de derechas gobernante, que inquieta realmente a la casta política*, es la limitación de sueldos de alcaldes y concejales delegados y la eliminación del resto, que solo van a descansar una vez al mes a los plenos.
En España, el país con más políticos por habitantes en el mundo y con los sueldos de cargos más altos respecto a la media, también del mundo, un alcalde, como por ejemplo el de Terrassa gana más que el presidente de la Generalitat o que el del Gobierno y un concejal delegado, también de Terrassa, gana más que cualquier ministro de Estado que se precie.
Naturalmente no hay político en este país que esté en capacidad de reconocer que sus emolumentos son demasiado altos ni menos a admitir que lo que alegan en el recurso respecto a la autonomía, inversiones sociales, etc por muchas y justan razones que lo avalen, no es más que un pretexto para defender sus injustas prebendas.
*Nota de la Redacción: El término casta política que utiliza alegremente Pablo Iglesias, líder del movimiento Podemos, presuntamente financiado por la dictadura venezolana, fue acuñado en 2002 por nuestra antigua web notimundo.es