La investigación se inició hace aproximadamente un año y medio a consecuencia de un robo en el que se sustrajeron cámaras fotográficas valoradas en más de 1.000.000 euros. El seguimiento del género robado condujo a los investigadores hasta una trama empresarial ubicada en Reus. Al advertir indicios de un fraude fiscal de importancia, el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus ordenó a la Agencia Tributaria designar funcionarios que colaboraran en las actuaciones en funciones de auxilio judicial.
Los delincuentes habían creado una trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos informáticos y electrónicos (móviles, tablets, etc.), Creando una estructura societaria muy compleja formada por entidades en España, Portugal, Rumanía, Letonia y Chipre .
La mercancía viajaba directamente desde los almacenes del proveedor, en algún país extranjero, a almacenes en territorio español, desde donde era enviada a los comercializadores finales. Sin embargo, para eludir el pago del IVA interponía una serie de sociedades creadas a tal efecto tanto en España como en otros países.
La mecánica del fraude consistía en que los productos, a pesar de ser transportados directamente a territorio español, eran facturados por los proveedores a sociedades instrumentales creadas en otros países europeos, que se limitaban a volver a facturar a otras sociedades, estas españolas, también de carácter instrumental , que no ingresaban el IVA devengado por la adquisición intracomunitaria y facturaban a las sociedades que finalmente vendían al público los productos, a un precio muy competitivo al deducirse el IVA que no había sido ingresado en el Tesoro.
Una parte importante de esta organización criminal se dedicaba a la continua creación de sociedades instrumentales, para lo que contactaban con testaferros u hombres de paja a los que hacían figurar como administradores de estas sociedades ficticias y autorizados en cuentas abiertas en diferentes entidades a fin de dificultar el seguimiento de los fondos.
De esta manera, habrían defraudado el IVA correspondiente a un gran número de ventas. Con los datos disponibles hasta el momento, se calcula que el importe defraudado sería superior a 9 millones de euros.
Así pues, el día 17 de junio los Mossos practicaron un total de 21 entradas y registros en empresas y domicilios de las poblaciones de Alella, El Masnou, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola del Vallés, El Prat de Llobregat, Viladecans, Manresa, Solsona y Terrassa. También se practicaron registros en Guadalajara, Torremolinos, Málaga y Madrid, con la colaboración de la Policía Nacional. Como resultado de estas diligencias judiciales, se ha logrado una gran cantidad de material informático, información bancaria y fiscal relacionada con la red criminal y 12.000 euros en efectivo. En total han sido detenidas 40 personas de diversas nacionalidades, entre ellas española, cubana, venezolana, argentina y paquistaní.
El titular del Juzgado que dirige las actuaciones ha ordenado la entrada en prisión de ocho de los detenidos.