Naturalmente, así como tienen argumentos para enfrentarse a los recortes perpetrados por sus colegas de la derecha, CiU y PP, ante quienes tienen que hacer creer que son diferentes, los representantes del municipio vallesano también los tienen para justificar este inexplicable recorte. Quizás todo pueda resumirse en una afirmación peregrina de su alcalde, Jordi Ballart en el sentido de que no es partidario de la gratuidad universal, que curiosamente, viene siendo el mismo argumento que utilizan quienes justifican los recortes en sanidad o en la educación.
La cuestión es que el consistorio espera la autorización de los jubilados para que Hacienda entregue sus datos a fin de aplicarles la tarifa que corresponda a la T-Blanca, que reemplaza a la anterior tarjeta gratuita de la que disfrutaban los que han entregado su vida al trabajo y a sus familias.
Situaciones como esta hacen que el nivel de confianza en la clase política esté por los suelos y que los partidos resposables de la implantación del neoliberalismo -PP, PSOE y CiU- se desmoronen en las preferencias populares.