Una empresa externa se hará cargo del transporte público de Terrassa
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Nota de Prensa.- El Ayuntamiento de Terrassa se ha puesto a disposición de los trabajadores y trabajadoras de TMESA para velar por el mantenimiento de sus puestos de trabajo y por sus derechos laborales, intermediando con la empresa que resulte adjudicataria del servicio de transporte colectivo urbano, a fin de velar por el cumplimiento de las condiciones laborales recogidas en el pliego, garantizando el respeto de los puestos de trabajo y la prestación del servicio.
Así lo expresó personalmente el Alcalde, Jordi Ballart, reunido ayer con los representantes del comité de empresa de TMESA, para escuchar sus peticiones y explicarles de primera mano todos los pasos que hasta ahora ha seguido el Ayuntamiento en esta adjudicación. Ballart les manifestó que el gobierno municipal comprende la incertidumbre y la desazón que este proceso les ha generado y les mostró su voluntad de intermediar con la nueva empresa adjudicataria para resolver todas aquellas cuestiones relacionadas con sus condiciones de trabajo.
Por otra parte, en la reunión también se explicó que el Ayuntamiento no está haciendo una privatización del servicio, sino una concesión, es decir, la prestación del servicio a través de una empresa externa, con personal y recursos no directamente municipales. En ningún caso esto cambia la titularidad del servicio, que continuará estando en manos del Ayuntamiento, aunque no se trate de una empresa mixta con participación municipal como hasta ahora. El Consistorio continuará subvencionando este servicio para reducir el coste final que tendría para los usuarios si se aplicaran criterios exclusivamente comerciales. Esta fórmula es la que utilizan la mayoría de ayuntamientos para este y otros servicios, y la misma que aplicaba hasta ahora el ayuntamiento.
Una vez elaborado el nuevo informe técnico que argumenta mejor la valoración de las ofertas, tal y como dictó el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, esta mañana se ha vuelto a reunir la mesa de contratación, que elevará su propuesta a la Junta de Gobierno del próximo 7 de noviembre.
La empresa que hasta ahora tenía la concesión presentó alegaciones ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. Este desestimó las alegaciones, aunque consideró que se debía argumentar mejor el informe técnico. Por este motivo el tribunal resolvió anular la adjudicación hasta que se disponga de un informe técnico más bien justificado y se informe a los licitadores. La resolución, sin embargo, no invalida el proceso. El tribunal, aunque resuelva que se debe repetir un informe, considera válida la adjudicación. La resolución dice textualmente que el tribunal no aprecia "ningún error, arbitrariedad o vulneración de los principios reguladores de la contratación pública".
El Ayuntamiento ha cumplido y sigue cumpliendo con la legalidad en todo el proceso. Tal como está establecido por ley, se ha hecho un concurso y se han presentado varias propuestas.
Dos empresas, la que tenía la concesión del servicio hasta ahora y la que finalmente ha sido la adjudicataria, presentaron igual oferta técnica, pero la segunda hizo una oferta económica mucho mejor. Ante esta situación, el único que legalmente se puede hacer es otorgar la concesión a la empresa que hace la mejor oferta económica. Lo contrario, es decir, adjudicar el servicio a una empresa que cobra más por el mismo servicio, sería ilegal.
Nota de Prensa.- El Ayuntamiento de Terrassa se ha puesto a disposición de los trabajadores y trabajadoras de TMESA para velar por el mantenimiento de sus puestos de trabajo y por sus derechos laborales, intermediando con la empresa que resulte adjudicataria del servicio de transporte colectivo urbano, a fin de velar por el cumplimiento de las condiciones laborales recogidas en el pliego, garantizando el respeto de los puestos de trabajo y la prestación del servicio.
Así lo expresó personalmente el Alcalde, Jordi Ballart, reunido ayer con los representantes del comité de empresa de TMESA, para escuchar sus peticiones y explicarles de primera mano todos los pasos que hasta ahora ha seguido el Ayuntamiento en esta adjudicación. Ballart les manifestó que el gobierno municipal comprende la incertidumbre y la desazón que este proceso les ha generado y les mostró su voluntad de intermediar con la nueva empresa adjudicataria para resolver todas aquellas cuestiones relacionadas con sus condiciones de trabajo.
Por otra parte, en la reunión también se explicó que el Ayuntamiento no está haciendo una privatización del servicio, sino una concesión, es decir, la prestación del servicio a través de una empresa externa, con personal y recursos no directamente municipales. En ningún caso esto cambia la titularidad del servicio, que continuará estando en manos del Ayuntamiento, aunque no se trate de una empresa mixta con participación municipal como hasta ahora. El Consistorio continuará subvencionando este servicio para reducir el coste final que tendría para los usuarios si se aplicaran criterios exclusivamente comerciales. Esta fórmula es la que utilizan la mayoría de ayuntamientos para este y otros servicios, y la misma que aplicaba hasta ahora el ayuntamiento.
Una vez elaborado el nuevo informe técnico que argumenta mejor la valoración de las ofertas, tal y como dictó el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, esta mañana se ha vuelto a reunir la mesa de contratación, que elevará su propuesta a la Junta de Gobierno del próximo 7 de noviembre.
La empresa que hasta ahora tenía la concesión presentó alegaciones ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. Este desestimó las alegaciones, aunque consideró que se debía argumentar mejor el informe técnico. Por este motivo el tribunal resolvió anular la adjudicación hasta que se disponga de un informe técnico más bien justificado y se informe a los licitadores. La resolución, sin embargo, no invalida el proceso. El tribunal, aunque resuelva que se debe repetir un informe, considera válida la adjudicación. La resolución dice textualmente que el tribunal no aprecia "ningún error, arbitrariedad o vulneración de los principios reguladores de la contratación pública".
El Ayuntamiento ha cumplido y sigue cumpliendo con la legalidad en todo el proceso. Tal como está establecido por ley, se ha hecho un concurso y se han presentado varias propuestas.
Dos empresas, la que tenía la concesión del servicio hasta ahora y la que finalmente ha sido la adjudicataria, presentaron igual oferta técnica, pero la segunda hizo una oferta económica mucho mejor. Ante esta situación, el único que legalmente se puede hacer es otorgar la concesión a la empresa que hace la mejor oferta económica. Lo contrario, es decir, adjudicar el servicio a una empresa que cobra más por el mismo servicio, sería ilegal.