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Así lo ha dado a conocer este miércoles el consejero de la Generalitat Santi Vila, que ha reconocido que once ayuntamientos de la provincia de Barcelona, entre ellos Terrassa, Barberá del Vallés, Rubí y Sabadell en el Vallés Occidental, han mantenido 804 pisos de protección oficial vacíos, pese a la obligatoriedad de tenerlos ocupados.
La Generalitat de Catalunya destaca a través de un comunicado de prensa, que en caso de que los ayuntamientos no actúen, lo hará el gobierno autonómico de manera subsidiaria y se aplicarán sanciones que oscilarán entre 6 mil y 9 mil euros por cada piso vacío.