El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha celebrado esta primera sentencia: "Es una victoria legal de gran trascendencia, porque por primera vez se nos da la razón en un ámbito que no tiene precedentes y en el que algunas partes interesadas han cuestionado nuestra actuación. Siempre hemos defendido que con la ley en la mano era posible esta vía. Ahora se demuestra sin ninguna sombra de duda de que estamos haciendo las cosas bien y que este es el camino correcto. "
Para el alcalde, esta sentencia "significa un paso adelante muy importante para nosotros y también un mensaje de esperanza para todas las personas que llevan años reclamando una vivienda digna. Debemos ser prudentes, pero esperamos que sea también un acicate para todos aquellos ayuntamientos que también han decidido emprender estas acciones legales.
Aunque la sentencia no sienta jurisprudencia y que la entidad puede presentar ahora un nuevo recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es la primera que da la razón a un ayuntamiento de forma inequívoca en este ámbito, ya que expone que los expedientes están sólidamente fundamentados y reafirma todo el procedimiento seguido por el Ayuntamiento para demostrar que la vivienda estaba vacía y reclamar que la entidad la ocupara, amparándose en la aplicación de la ley catalana sobre vivienda.
Este es un aspecto clave para el Ayuntamiento, ya que el hecho de ser pioneros en un ámbito sin jurisprudencia ni doctrina como este, ha hecho especialmente difícil todo el proceso administrativo para sacar adelante los expedientes. Con esta sentencia, más allá de la resolución favorable, se constata que los procedimientos son correctos.
El Ayuntamiento de Terrassa fue el primero en todo el Estado a interponer expedientes a los bancos con viviendas vacías ya imponer multas coercitivas (la primera, en diciembre de 2013) para forzarlos a ocuparlos o cederlos como vivienda social.
Actualmente, el consistorio tiene 802 expedientes abiertos a diversas entidades en aplicación de la Ley de la Vivienda de Cataluña. Además del contencioso al que hace referencia la sentencia, hay 56 más en curso por parte de las entidades bancarias sancionadas. Se espera que las respectivas resoluciones de éstos, que están en manos de varios juzgados de Barcelona, lleguen en los próximos meses.