Esta petición se formalizó ayer en el marco de la constitución de una mesa comarcal de trabajo que estará integrada por representantes comarcales, municipales y de las principales compañías de luz, gas y agua. Este órgano, que se ha creado por mandato del último Consejo de Alcaldes, tendrá como principal función trabajar para la implementación de la ILP 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la pobreza energética. En este sentido, la tabla también desarrollará programas de lucha y mitigación de la pobreza energética.
El presidente del Consejo Comarcal, Ignacsi Giménez, remarcó que "la ley prevé que las administraciones públicas formalicen convenios de colaboración con empresas suministradoras que vayan más allá de evitar los cortes de suministros básicos a familias vulnerables". Giménez añade que el artículo 6.3 de la ILP 24/2015 señala que las compañías deben dar ayudas a fondo perdido para cubrir las deudas de energía que generan los impagos de recibos, pero que "hoy por hoy son los ayuntamientos los que están vertiendo mucho dinero, en el caso del Barcelona, más de un millón de euros ". "Ya tenemos suficiente de buenas palabras, y por eso pedimos a todas las compañías que se impliquen y cumplan la normativa, no valen excusas", afirma el presidente del Consejo Comarcal.
De la reunión de ayer, se extrajo que, si bien las compañías suministradoras de agua han hecho el esfuerzo de adaptarse al cumplimiento de la Ley y han establecido convenios bilaterales con muchos ayuntamientos, no es el caso del resto de suministradoras. Por este motivo, el Consejo Comarcal recordará por carta a todas las compañías que operan en la comarca que deben poner este fondo solidario a disposición de los ayuntamientos a partir del cálculo del 2% de la facturación en cada municipio.
Por otra parte, el consejero responsable de Bienestar Social, Pol Altayó, afirmó que "hay que conocer los convenios que ya tienen algunos municipios para poder hacerlos extensivos al resto de municipios de la comarca".
El consejero también ha explicado que se reclamará a la Conselleria de Empresa y Conocimiento de la Generalitat el desarrollo de la ley 24/2015, la reactivación de la Mesa sobre la Pobreza energética, y que ésta pueda contar con la participación de representantes de los ayuntamientos en su composición. Este órgano no se reúne desde finales de 2014.
Las empresas del agua han pedido al Consejo Comarcal que solicite a la Agencia Catalana del Agua que éstas no tengan que hacer efectivo el pago del canon del agua de los recibos impagados de las familias vulnerables que sufren situación de pobreza energética.