Aparentemente solo a sus promotores municipales y las comparsas creadas para darle un apoyo mínimo pero con promoción como si fuera un clamor popular, les preocupa el tema de cambiar de manos la gestión del agua local.
A la gente ajena a las polémicas creadas interesadamente, solo le preocupa que no falte el agua y, sobre todo, que no le suban el precio y eso lo puede solventar o al menos intentarlo aunque sea en su propio beneficio, una empresa con los medios y el personal cualificado y con una experiencia adquirida a través de 72 años y que además ha sido buena gestora. Una gestión que, hay que decirlo, que ha sido fiscalizada por el consistorio, que en algunas ocasiones, siendo aún de izquierdas, llegó a aprobar, aumentos de las tarifas de hasta un 12 por ciento, sin que el IPC alcanzara el 2.
A esta preocupación ciudadana se unen quince organizaciones empresariales locales, que han firmado un manifiesto en el que critican el intento de municipalización, un documento que ha llegado a todos los rincones de España a través de las agencias noticiosas como Efe y Europa Press, y reproducido por la práctica totalidad de la prensa.
Según las organizaciones, desde el municipio se quiere dar una visión que "quiere hacer creer" que todo lo que sea público es "bienvenido", mientras que "todo lo que suena a empresarial se tiene que poner bajo sospecha".
Asimismo, los empresarios cargan contra esta visión "obsoleta", aseguran, en los países líderes y auguran que, si los planes de industria no vienen acompañados de garantías, se provocará un clima de "falta de confianza" a los inversores y una "desafección" entre los empresarios locales.
"El alcalde de la ciudad tiene que ser especialmente sensible y cuidadoso para desvanecer incertidumbres a todos los que, desde la empresa, queremos apostar por Terrassa como la ciudad y centro industrial de referencia que siempre ha sido", explican los empresarios.
Así, los empresarios temen que este debate del agua "esconda" una falta de estrategia sobre la ciudad, y alertan del gasto económico que significaría para el consistorio la compra de agua por no poder usar las infraestructuras y pozos "no reversibles" del patrimonio de Mina.
Unos costes que, junto a los que produciría la equiparación de las condiciones laborales de los empleados de la empresa a las condiciones de los funcionarios, ascenderían a más de 500.000 euros, que es la cifra de ganancias anuales de Mina por el negocio del agua en Terrassa.
"Pagaremos el agua más cara por motivos estrictamente ideológicos y estamos seguros de que vamos a pagar el agua más cara, especialmente las empresas, lo que no ayuda precisamente a hacer de Terrassa ni una ciudad más competitiva, ni más industrial, ni más igualitaria", afirman.
Asimismo, los empresarios recuerdan que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no permite que la gestión pública del agua sea más cara que la privada, y consideran que sería "muy irresponsable" y "grave" encarecer el precio del agua "por solo apartar a Mina".
Finalmente, los empresarios hacen una llamada al diálogo con el consistorio para sentarse en una mesa y hablar de la situación de cara al futuro, a la vez que defienden la colaboración público-privada para la economía local.
A la gente ajena a las polémicas creadas interesadamente, solo le preocupa que no falte el agua y, sobre todo, que no le suban el precio y eso lo puede solventar o al menos intentarlo aunque sea en su propio beneficio, una empresa con los medios y el personal cualificado y con una experiencia adquirida a través de 72 años y que además ha sido buena gestora. Una gestión que, hay que decirlo, que ha sido fiscalizada por el consistorio, que en algunas ocasiones, siendo aún de izquierdas, llegó a aprobar, aumentos de las tarifas de hasta un 12 por ciento, sin que el IPC alcanzara el 2.
A esta preocupación ciudadana se unen quince organizaciones empresariales locales, que han firmado un manifiesto en el que critican el intento de municipalización, un documento que ha llegado a todos los rincones de España a través de las agencias noticiosas como Efe y Europa Press, y reproducido por la práctica totalidad de la prensa.
Según las organizaciones, desde el municipio se quiere dar una visión que "quiere hacer creer" que todo lo que sea público es "bienvenido", mientras que "todo lo que suena a empresarial se tiene que poner bajo sospecha".
Asimismo, los empresarios cargan contra esta visión "obsoleta", aseguran, en los países líderes y auguran que, si los planes de industria no vienen acompañados de garantías, se provocará un clima de "falta de confianza" a los inversores y una "desafección" entre los empresarios locales.
"El alcalde de la ciudad tiene que ser especialmente sensible y cuidadoso para desvanecer incertidumbres a todos los que, desde la empresa, queremos apostar por Terrassa como la ciudad y centro industrial de referencia que siempre ha sido", explican los empresarios.
Así, los empresarios temen que este debate del agua "esconda" una falta de estrategia sobre la ciudad, y alertan del gasto económico que significaría para el consistorio la compra de agua por no poder usar las infraestructuras y pozos "no reversibles" del patrimonio de Mina.
Unos costes que, junto a los que produciría la equiparación de las condiciones laborales de los empleados de la empresa a las condiciones de los funcionarios, ascenderían a más de 500.000 euros, que es la cifra de ganancias anuales de Mina por el negocio del agua en Terrassa.
"Pagaremos el agua más cara por motivos estrictamente ideológicos y estamos seguros de que vamos a pagar el agua más cara, especialmente las empresas, lo que no ayuda precisamente a hacer de Terrassa ni una ciudad más competitiva, ni más industrial, ni más igualitaria", afirman.
Asimismo, los empresarios recuerdan que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no permite que la gestión pública del agua sea más cara que la privada, y consideran que sería "muy irresponsable" y "grave" encarecer el precio del agua "por solo apartar a Mina".
Finalmente, los empresarios hacen una llamada al diálogo con el consistorio para sentarse en una mesa y hablar de la situación de cara al futuro, a la vez que defienden la colaboración público-privada para la economía local.