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Ayuntamiento de Terrassa entre la ilegalidad y la Constitución

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El gobierno catalán que desde este miércoles se ha puesto de espaldas a la Constución y a la legalidad vigente y ha asumido actitudes que recuerdan a una dictadura, 43 años después del fallecimiento de Franco, ha dado 48 horas a los ayuntamientos para seguir quebrantando las leyes a las que además de jurar o prometer, les han permitido acceder a  los cargos de poder y crear las instituciones democráticas catalanas.

En una carta firmada por Carles Puigdemont, un hombre que llegó  a la presidencia de la Generalitat tras ceder a las coacciones del grupo antisistema CUP y el apoyo incondicional de Oriol Junqueras, líder de un partido independentista que al más puro estilo fascista carece de ideología, se da a los ayuntamientos un plazo de 48 para responder a la exigencia de poner a disposición de la camarilla gobernante,los locales para instalar el mobiliario y materiales del referéndum ilegal con el que se estaría cometiendo el gravísimo delito de rebelión, contemplado en el art. 472 del Código Penal, al violar la Constitución del Estado.

Ballart entre la espada y la pared

Entre los ayuntamientos que más difícil  lo tienen, se cuenta Terrassa, donde su alcalde, el socialista Jordi Ballart, quien perdida su cómoda mayoría relativa en 2015, se vio enfrentado a la disyuntiva de perder el cargo al que había accedido a dedo al renunciar el presidente municipal anterior, o mantenerlo en minoría, cometiendo el disparate de aliarse a Convergencia, el decadente partido de la burguesía local, identificado con el secesionismo, a sabiendas que los concejales de centro y derecha lo apoyarían por conveniencia para impedir que la izquierda entre la que se encuentra la de los comunes, afín a la sanguinaria dictadura venezolana, llegara a gobernar esta ciudad obrera.

Si Ballart no quiere caer en la presunta complicidad del delito de rebelión, no le quedará más remedio que dimitir de su cargo. Esto le abriría las puertas a nuevos cargos en una Catalunya normalizada, una vez que el disparate haya sido abortado con el poder de las leyes. Un eventual acuerdo de gobernabilidad con los afines a la tiranía caribeña,  le ataría de pies y manos y anularía cualquier aspiración política de cara al futuro.

La orfandad de los sediciosos queda clara en los barrios de Terrassa, donde una sola senyera en uno de ellos, colgada de un balcón, se traduce en esa enorme mayoría silenciosa que no ve necesario manifestarse ni ir a votar en una hipotética convocatoria delictiva al referéndum, porque confían en que el Estado acabará con el proceso descabellado que ha puesto en ridículo a Catalunya en todos los rincones de la Tierra.

Así es la vida. Así son y así están las cosas.


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