El incremento del número de expedientes sancionadores ha sido progresivo en los últimos años. A lo largo de 2017 se abrieron 195 expedientes sancionadores por infracciones de la normativa, mientras que un año antes, a lo largo de 2016, esta cifra fue de 92. La apertura de estos expedientes, que este año se han doblado con creces , responden a los criterios establecidos por la Ordenanza reguladora de la limpieza pública y de la gestión de los residuos de Terrassa.
Las conductas que sanciona esta normativa suponen una alteración del servicio y pueden llegar a incrementar la sensación de falta de eficiencia. Por ejemplo, los muebles abandonados en un contenedor dificulta su uso por parte de la ciudadanía y, incluso, puede provocar inseguridad peatonal. Del mismo modo, si un comercio no cumple con la normativa establecida, puede desencadenar disfunciones en el servicio, como el colapso de los contenedores.
Diferentes vías sancionadoras
En cuanto la evolución de los datos de expedientes sancionadores, se ve como las diferentes vías por las que se inician se han reforzado durante el último año. En 2016, los inspectores del servicio municipal de Medio Ambiente abrieron 57 de estos expedientes, mientras que en 2017 se encargaron de iniciar 117. En cuanto a la Policía Municipal, que también tiene potestad para proponer las sanciones en este ámbito, en 2016, 35 de estos expedientes fueron abiertos por agentes del cuerpo local de policía, incluidos los tramitados por la unidad de la policía ecológica; sin embargo, en 2017, las sanciones propuestas por la Policía Municipal fueron 77, contando también las de esta unidad específica. Las cuentas se completan en el año 2017 con un expediente iniciado por agentes de la Guardia Civil.
Estas acciones sancionadoras se llevan a cabo en paralelo a las campañas de sensibilización y con el enfoque de mejora del servicio y de garantía del respeto a la normativa vigente.