Nota de Prensa.- El mes de julio de 2017, la Defensora del Pueblo pidió por escrito a Báñez que el Ministerio destinara toda la recaudación del fondo de formación a la finalidad para la que fue concebido, la de formar a personas en activo .
La Cecot estimó que entre 2012 y 2015, el Gobierno destinó más de 4.000 millones de euros de estos fondos para cubrir otros gastos. Y entre 2015 y 2017 el remanente no ejecutado puede llegar a superar los 2.000 millones de euros.
Organizaciones empresariales y sindicales confirman el fracaso de la Ley 30/2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo. En lugar de formar a los trabajadores en activo y calificarlos en base a los cambios tecnológicos, el Gobierno ha reducido las cuotas de formación o, como en el caso de 2017, ni se han llegado a ejecutar. Unos fondos que generan empresas y trabajadores.
En un escrito de la Defensora del Pueblo, con fecha de 29 de mayo de 2017, Soledad Becerril instaba al Ministerio a destinar los fondos provenientes de la cuota de formación profesional a la financiación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral de acuerdo con el carácter finalista de los mismos. En el mismo documento la Defensora recomendaba al Ministerio de Empleo articular las medidas necesarias para la incorporación de los remanentes de crédito provenientes de la cuota de formación profesional a los Presupuestos Generales del Estado tramitando los expedientes de modificación presupuestaria pertinentes.
Acogiéndose a este hecho, la patronal catalana Cecot vuelve a recordar al Ministerio de Empleo la obligación, y su compromiso, a reprogramar los 1.500 M de euros de los fondos de formación pendientes de 2015, así como los cuantiosos remanentes de los años 2016 y 2017. de hecho, en 2017 no se ha publicado ninguna convocatoria estatal, lo que incrementa aún más los remanentes que, en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2017 puede llegar a superar los 2.000 M de euros.
Antoni Abad, presidente de la Cecot, afirma que "los agentes sociales hemos dado un voto de confianza al Gobierno para revertir los efectos de una gestión incorrecta de los fondos de formación y tenemos la esperanza de que este año reprogramarán parte del saldo pendiente de ejecución de estos fondos ". Sin embargo, el presidente de la patronal considera que, si el Gobierno no hace un gesto para cambiar el modelo de la formación continua, la Cecot propondrá que empresas y trabajadores dejen de pagar el 0,7% a los fondos de formación y sugerirá crear un organismo bilateral con los sindicatos.
A la vista de la Cecot, pero también de muchas otras organizaciones empresariales y sindicales, la nueva Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo, aprobada por el Gobierno en septiembre de 2015, ha demostrado ser un fracaso. A pesar de la necesidad de formar a la población activa y calificarla sobre la base de los cambios tecnológicos, el Ministerio de Empleo ha ido reduciendo cuotas de los fondos de formación sin especificar los remanentes en cada ejercicio. "Es necesario cambiar la Ley y es necesario que los agentes sociales recuperamos un papel activo en la definición de un nuevo modelo que sí se corresponda con la realidad y las necesidades de nuestra actividad económica y empresarial", anima Abad.
Cambio de modelo o fin del pago de las cuotas de formación al fondo por parte de empresarios y trabajadoresEn ninguna de las propuestas de distribución de fondos presentadas desde el año 2015, se hace mención alguna a un capítulo o partida de remanentes. Si unimos esto al sistema de tres pagos que recoge la nueva ley, se hace aún más difícil el seguimiento de los fondos en cada uno de los ejercicios.
La Cecot recuerda que a pesar de la aprobación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, y del reglamento que la desarrolla, éstas no han resuelto los problemas estructurales y continúan perpetuando los grandes dudas sobre el modelo.
Hoy día, la formación y la gestión del talento es un factor fundamental para la competitividad empresarial y, en general, para el avance de nuestra economía y nuestra sociedad. El retraso en la convocatoria de ayudas a la formación de trabajadores ha ido acompañado de la exclusión de los agentes sociales del Órgano Colegiado que informa a los planes de formación cuando, por Ley se mandata "la participación de los agentes sociales en la gobernanza del sistema ".
"Si la Administración no garantiza el uso de los fondos que generamos empresas y trabajadores, si no permite que los representantes de los que generan este fondo para formación participen de la planificación, control, seguimiento y evolución, al final tendremos que plantear la eliminación de las cuotas ", insinúa Antoni Abad, presidente de la patronal catalana Cecot.
Antecedentes y evolución del procesoDos años han transcurrido desde que la patronal Cecot puso en conocimiento del Síndic de Greuges de Cataluña, a través de una queja formal en nombre de sus asociados, el desequilibrio entre los fondos aportados por empresas y trabajadores para la formación (un 0 , 7% sobre la base de cotización) y el destino y reversión de estos teniendo en cuenta el carácter finalista de los mismos, que no es otro que el de la formación profesionalizadora. La patronal catalana realizó una petición para conocer dónde y cómo se aplicaban los fondos para la formación.
La Cecot estimó que en los últimos cuatro años (2012-2015) el Gobierno destinó más de 4.000 millones de euros de estos fondos para cubrir otros gastos, entre ellos el pago de prestaciones, ajenos a la cuota de formación. Para exponer un dato concreto: en 2013, los 1.860 millones de euros que el Gobierno recaudó a través de la cuota de formación profesional, 1.059 millones fueron destinados a otros fines distintos de la formación de los trabajadores ocupados. Por su parte, los sindicatos consideran este agravio como una deuda social histórica con los trabajadores, desde 1994, y la calculan en unos 5.000 M de euros.
El Síndic, Rafael Ribó, derivó el expediente a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por considerar que el ámbito de la queja realizada por la Cecot era estatal. Y la Defensora del Pueblo aprobó el recurso e inició el trámite informativo con el Servicio Público de Empleo Estatal para dar respuesta a la demanda de información de la Cecot, que ya en este momento, marzo de 2016, contaba con el adhesión y el apoyo de una decena de asociaciones empresariales a nivel estatal y de la Confederación Sindical de CCOO.
La sospecha inicial de los representantes empresariales y sindicales que el Ministerio de Empleo utilizó los fondos de formación en el empleo que pagan empresarios y trabajadores, con carácter finalista, para otros programas de diferente índole y durante varios ejercicios, se vio reconocida por el propio Ministerio de Empleo a mediados 2016. El Ministerio admitió entonces que en ejercicios anteriores parte de lo recaudado se había destinado a otros fines distintos de aquellos para los que se había recaudado y afirmó haber aplicado una corrección a partir de el ejercicio 2015.
Una respuesta insuficiente e improcedente a criterio de los agentes sociales que impulsan la queja, por lo que mantienen un pulso con la Secretaría de Estado de Empleo, por vía de la Defensora del Pueblo, para llegar a conocer el destino de los fondos no gastados en formación, que parecen haber servido para reducir el déficit público.
Tal ha sido el interés general para conocer la aplicación de estos fondos finalistas que algunos grupos parlamentarios han formulado consultas, en la misma dirección, en la mesa del Congreso.
Preocupación por parte de los agentes socialesEl desconcierto entre las organizaciones empresariales y sindicales se intensifica cuando los datos facilitados por escrito desde el Ministerio varían entre los facilitados por la vía de la Defensora del Pueblo y los facilitados por vía de la mesa del Congreso.
Más allá de que la Administración haya confirmado y reconocido la queja efectuada por la Cecot, el resto de las asociaciones empresariales y CCOO, lo que preocupa a los agentes sociales es la actitud de seguir actuando como hasta ahora.
Entendiendo que la cuota no es un tributo previsto como tal en la Ley General Tributaria, ni un ingreso de las Administraciones o sus organismos autónomos tendentes a sufragar sus gastos de forma general, los agentes sociales volvieron a remitir un escrito a la defensora del Pueblo, en fecha de 6 de febrero de 2017, para recordar al Secretario de Estado para el Empleo que "la cuota de formación profesional es una cotización vinculada a la relación laboral y el hecho de que una vez recabada se ponga a la disposición del Servicio Público de Empleo Estatal para que este gestione y aplicación a los fines por los que se cobra, no significa que constituya un ingreso desafectado aplicable a cualquier otra cosa, ni cubrir los gastos generales de este organismo ".
En el mismo escrito de 6 de febrero, las entidades demandantes de información vuelven a referirse al Informe de fiscalización al Servicio Público de Empleo Estatal, realizado el 26 de enero de 2012 por el Tribunal de Cuentas en el que reprocha a este organismo público que utilizara los fondos de la cuota de formación para pagar prestaciones. Así pues, el SEPE ha venido actuando con vulneración consciente de las indicaciones que ya le hizo el Tribunal de Cuentas del año 2012. Hay que añadir que el propio Tribunal Constitucional ha declarado reiterado en múltiples sentencias sobre la formación profesional para el empleo que la cuota de formación es una cuota finalista, sujeta a un principio de caja única propio, diferenciado incluso de la caja única de la Seguridad Social.
Foto Europa Press
