La investigación originaria se inició en 2012 a partir de un requerimiento judicial para con este club cannábico ubicado en Sant Cugat del Vallès. A partir del estudio de su facturación se demostró que no se correspondía con la facturación de una asociación sin ánimo de lucro, tal y como constaba en los estatutos fundacionales.
La exhaustiva investigación económica de los responsables de la asociación ha permitido ahora demostrar que las personas que gestionaban la entidad la utilizaban como cobertura legal para blanquear dinero derivados del tráfico de drogas, actividad real de la asociación. Buena parte del dinero que ingresaban se canalizaban posteriormente hacia las cuentas corrientes personales de sus responsables a través de ingresos en efectivo bajo el concepto de nómina. Con estos indicios, los investigadores los han denunciado penalmente por un delito de blanqueo de capitales, y han acreditado que habrían blanqueado más de medio millón de euros.
Los investigadores han podido determinar que muchos de los socios no eran consumidores habituales de cannabis y que en la mayoría de ocasiones no consumían la droga en el interior del local, sino que se lo llevaban fuera con el riesgo de transmisión de la droga a terceras personas. Este hecho evidenciaba que no se llevaba un control sobre las cantidades suministradas y que actuaban de paraguas para dar cobertura a su verdadera actividad: tráfico de drogas y blanqueo de los beneficios. El volumen total del dinero blanqueado asciende a más de 500.000 euros.
La asociación investigada era una de las más grandes de Sant Cugat ya que contaba con más de 2.000 afiliados. Actualmente y por prohibición judicial esta asociación no puede ejercer su actividad, aunque posteriormente se volvió a constituir con un nombre y ubicación diferentes pero con el mismo domicilio fiscal y la misma estructura. Sin embargo, las actuaciones administrativas tanto de Mossos como de la Policía Local del municipio permitieron clausurar la nueva asociación.
Actualmente, la asociación cannábica está clausurada y se han pedido medidas cautelares sobre dos inmuebles y dos vehículos cuya titularidad recae en los inculpados.