La nueva resolución reafirma el procedimiento seguido por la administración local para fundamentar su actuación y, además, impone el coste del recurso a la entidad bancaria. Esta resolución judicial expone que la incoación del expediente por parte del Ayuntamiento se ajusta a derecho al haberse comprobado por la administración que la vivienda se encontraba en situación anómala, habiendo estado desocupada durante más de dos años, constando así que la entidad financiera propietaria de la vivienda había desatendido los requerimientos anteriormente realizados para la ocupación de la vivienda y los ofrecimientos hechos por el Ayuntamiento de cederlo a su favor para gestionarlo en régimen de alquiler social, amparándose en la aplicación de la Ley de la Vivienda de Cataluña.
Estas victorias legales le dan la razón al Ayuntamiento y reconocen lo que siempre ha defendido, que el desempleo injustificada de las viviendas constituye un claro incumplimiento de la finalidad del inmueble y, por tanto, de su función social. A la vez, suponen un paso adelante muy importante para las personas que reclaman el derecho a una vivienda digna y anima a todos aquellos ayuntamientos que decidan seguir el ejemplo de Terrassa y emprender estas acciones legales. El Ayuntamiento de Terrassa ha sido el primero en todo el Estado en interponer expedientes a los bancos con viviendas vacías y a imponer multas coercitivas (la primera, en diciembre de 2013) para forzarlos a ocuparlos o cederlos como vivienda social. Actualmente, el consistorio tiene 802 expedientes abiertos a varias entidades en aplicación de la Ley de la Vivienda de Cataluña. Además del contencioso al que hace referencia la última sentencia, hay 56 más en curso por parte de las entidades bancarias sancionadas. Se espera que las respectivas resoluciones de éstos, que están en manos de varios juzgados de Barcelona, lleguen en los próximos meses.
Foto: Archivo Terrassa en la Mira