Europa Press.- Los vecinos de Can Puiggener de Sabadell han exigido al Gobierno local que intervenga para dar respuesta a los reiterados episodios de ocupaciones e incivismo que se han acentuado en el barrio en los últimos años, y han pedido que se cumplan los acuerdos fijados en una moción aprobada en mayo de 2013.
Los habitantes de la zona aseguran que han llegado al límite y advierten de que "la sensación de inseguridad hace imposible vivir con tranquilidad" en una de las zonas de Sabadell más castigadas por la crisis económica, con mayor índice de inmigración y más volumen de pisos vacíos propiedad de los bancos.
"Hay un grupo que entra en los pisos que ya están vacíos, destripa la puerta por una cantidad pactada y entonces entran a vivir nuevos inquilinos a los que les cobran un alquiler, todo de forma ilegal", ha explicado el representante de la Asociación de Vecinos de Can Puiggener, Teodoro Montero.
Montero subraya que "los encargados de llevar a cabo estas entregas son miembros de un clan de etnia gitana" que opera en el barrio y que alquila los pisos a precios más bajos a recién llegados que no tienen suficiente poder adquisitivo como para afrontar el coste de un alquiler corriente.
"El problema es que todo se hace al margen de la ley y que en muchas ocasiones estas personas sólo entran a los pisos para estar una temporada y robar el cableado que encuentran o destrozar todo el inmueble llevándose lo que pueden revender", apunta.
Montero afirma que en muchos casos son individuos que no respetan las normas de convivencia, lo que perjudica a las comunidades de vecinos, la mayoría de las cuales están formadas por personas de avanzada edad: "Algunos de los afectados han acudido a nosotros llorando", asegura.
Aunque los vecinos subrayan que ya se han ocupado cerca de 50 pisos siguiendo este procedimiento, la policía remarca que no tiene constancia de que exista un clan organizado en la zona porque no constan denuncias en esta dirección.
Conversaciones con los bancosLos vecinos exigen al consistorio que intervenga para que las entidades bancarias propietarias de los inmuebles los cedan para alquileres sociales: "Tenemos una lista de familias necesitadas que podrían vivir aquí", afirma Montero.
Fuentes municipales han explicado a Europa Press que esta semana se han reunido con los vecinos y les han explicado que han mantenido conversaciones en esta dirección con varias entidades pero que por ahora lo único que se ha conseguido es que valoren instalar puertas de seguridad en algunos de los pisos vacíos.
Los responsables del consistorio también han solicitado a Fiscalía mayor celeridad para echar a las personas problemáticas que ocupan estas casas, pero han advertido que "algunos procesos son más lentos de lo que los vecinos querrían porque se requieren órdenes judiciales y se debe de actuar respetando la legalidad".
Más presencia policialLos vecinos aseguran que poco antes de que estallase el caso Mercurio se reunieron con los responsables del Ayuntamiento y acordaron un documento con cinco puntos indispensables para salvar el barrio entre los cuales destacaba un incremento de la presencia policial que según los vecinos no se ha cumplido: "Lo único que han hecho es que los coches patrulla pasan más a menudo", lamentan.
El consistorio, sin embargo, asegura que la presencia policial en el barrio se ha incrementado desde el pasado mes de septiembre "para mejorar la percepción de seguridad y combatir el incivismo en la zona".
La Asociación de Vecinos de Can Puiggner celebrará esta semana una asamblea para valorar posibles acciones a seguir después de que la semana pasada se concentrasen en el Pleno Municipal y expresasen públicamente su malestar.
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